Durante los años de crisis económica (2008-2013) la economía española ha sufrido un notable incremento de los impagos de deuda. La caída generalizada de la demanda y, en consecuencia, de los ingresos de las empresas, derivó en muchos casos en la imposibilidad de pagar las deudas contraídas con entidades financieras, trabajadores, acreedores, proveedores y administraciones públicas, entre otros. Ello ha acabado generando una espiral negativa que ha provocado que, empresas inicialmente saneadas, se hayan visto contagiadas por los impagos de las que han sido incapaces de hacer frente a sus deudas.
La dinámica descrita se ha puesto de manifiesto, en particular, a través del aumento de la litigiosidad vinculada a la insolvencia que presenta múltiples vertientes en forma de demandas por despido, juicios monitorios y ejecuciones hipotecarias o, la más conocida de ellas, el concurso de acreedores.
Así, se puede comprobar cómo durante los años de crisis económica la litigiosidad aumentó a todos los niveles. Las demandas por despido repuntaron en 2008 hasta duplicar las cifras de los años anteriores, y aún a finales de 2017 se mantenían en valores similares a los de 2011, en plena recaída hacia la segunda recesión de 2012-2013. Por su parte, los juicios monitorios (reclamaciones de facturas impagadas u otras deudas), aumentaron desde valores cercanos a 100.000 juicios trimestrales hasta los más de 250.000 al trimestre de 2010. A finales de 2017 se ha empezado a registrar una caída notable y cifras más cercadas a las de la etapa anterior a la crisis. Así mismo, en 2007 apenas se registraban 5.000 ejecuciones hipotecarias (derivadas de impago de préstamos con garantía sobre un inmueble) al trimestre en los Juzgados, pero ya desde comienzos de 2008 dichas cifras se multiplicaron hasta casi alcanzar las 30.000 ejecuciones trimestrales.
Por su parte, los concursos de acreedores registraron similar evolución, aunque más pronunciada si cabe. Si los litigios vinculados con la insolvencia duplicaron o triplicaron los valores anteriores a la crisis, los concursos de acreedores han llegado a multiplicarse por nueve desde 2007. El año en el que más concursos de acreedores se registraron fue 2013, con cerca de 10.000 procedimientos. Posteriormente han registrado una caída significativa, hasta el mínimo de 4.754 de 2016, aunque en 2017 han vuelto a repuntar.
Lo que se puede concluir de las estadísticas, es que las crisis económicas derivan en inevitables incrementos de la litigiosidad judicial a los que difícilmente podrá escapar ninguna empresa. Además, y aunque todavía es pronto para observarlo, la crisis económica parece haber cambiado la configuración del panorama judicial y concursal en España, siendo poco probable que las cifras recuperen los valores anteriores a la crisis y se mantengan en niveles relativamente elevados en comparación con la historia judicial española.
