Los acreedores son los principales stakeholders afectados cuando una empresa solicita su declaración legal de insolvencia (concurso de acreedores). Ello es así porque se ven inmersos en un procedimiento generalmente largo, con una duración promedio de 3 años, y cuyo resultado es altamente azaroso y lleno de incertidumbres. El sistema concursal español únicamente provee unas tasas de viabilidad, a través de la aprobación de un convenio que posteriormente se cumple, del 5% sobre el total de empresas legalmente insolventes. El hecho de que existan empresas que consigan superar el procedimiento, lleva a preguntarse cuáles son las motivaciones de los acreedores para aprobar unos convenios y no otros.
Un estudio realizado sobre 166 empresas concursadas (excluyendo empresas de construcción residencial), de las cuales 64 aprobaron un convenio y 102 acabaron siendo liquidadas, analiza las determinantes que motivan a los acreedores a apoyar un convenio. Los acreedores con privilegio especial sobre bienes inmuebles (garantía hipotecaria), generalmente entidades financieras, parecen preferir el mecanismo de la ejecución hipotecaria antes que el concurso, por ser aquélla más rápida y económica que el procedimiento de insolvencia. Por lo tanto, una mayor presencia de activos tangibles en el balance de la compañía insolvente debería ser motivo de una menor tasa de supervivencia.
No obstante, el resto de acreedores en teoría preferirán la alternativa del convenio siempre que la expectativa de recuperación de su crédito sea superior al caso de que la empresa sea liquidada. Por lo tanto, las perspectivas de generación de tesorería, así como una posición de liquidez inmediata holgada deberían traducirse en mayores tasas de supervivencia empresarial.
El estudio analiza las probabilidades de obtener apoyo suficiente para un convenio en función de las siguientes variables y con los resultados indicados:
Las variables que resultaron ser determinantes en la obtención de un convenio fueron el endeudamiento, la situación de liquidez inmediata y el tamaño de la empresa. En el caso del endeudamiento, el resultado es sorprendente, pues está relacionado positivamente con las probabilidades de obtener un convenio. Ello puede tener su explicación en la forma de medir esta variable (pasivo sobre activo), en tanto en cuanto disponer de un escaso valor de activo respecto a las deudas totales puede disipar las expectativas de retorno de los acreedores en el caso de una liquidación, dado que los activos resultarán insuficientes para pagar los pasivos. Por ello, los acreedores se puedan inclinar a votar convenios de empresas con una elevada deuda, con la esperanza de que la generación de flujos de caja futuros provea una mayor recuperación de sus créditos.
La liquidez inmediata resulta ser una variable determinante en la supervivencia en el concurso, y ello es así en tanto que el procedimiento, si bien otorga una paralización de los pagos de forma inmediata, tiene unos costes que deben ser atendidos igualmente sin demora, los créditos contra la masa. Asimismo, disponer de un mayor volumen de activos líquidos permite soportar las consecuencias habituales del concurso, como son la pérdida del crédito bancario y comercial, lo cual constriñe la financiación del activo circulante, decisivo para la continuación de la actividad empresarial. La preservación y acumulación de recursos líquidos, a través de un acogimiento temprano al concurso, permiten disponer del “pulmón” necesario para sobrevivir al procedimiento.
El tamaño de la empresa siempre ha estado positivamente vinculado con la supervivencia de la misma, máxime tratándose de situaciones de insolvencia, siguiendo el principio del Too Big to Fail. Los costes del concurso, así como los mayores recursos de los que dispone una empresa de mayor tamaño le otorgan economías de escala en el procedimiento, de tal modo que por el mero hecho de tener un mayor volumen de activos sea más probable la aprobación de un convenio. Las empresas de gran tamaño también suelen arrastrar a acreedores que, en caso de que la compañía sea liquidada, pueden sufrir problemas financieros como consecuencia de ello, e incluso verse abocados a la insolvencia, por lo que acaban apoyando su viabilidad.
El sector de actividad, resultó no ser significativo, deduciéndose de ello que no existen sectores (al margen de la construcción residencial), que tengan mayores tasas de supervivencia en el concurso.
Finalmente, si bien las perspectivas de beneficios presentan una relación positiva con la aprobación de un convenio, la variable resultó ser no significativa, lo cual invalida dicha hipótesis. El motivo puede ser el hecho de que la mejora más o menos inmediata de la empresa insolvente no es decisivo para inclinar la decisión de los acreedores, quienes probablemente estén más interesados en la evolución a largo plazo de la compañía. Es por ello que resulta de interés evaluar cuáles son las estrategias que adoptan las empresas insolventes con el fin de conseguir la viabilidad a largo plazo.
Manuel Rico Llopis
Economista
