En una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Madrid se ha declarado la necesidad de aplicar índices correctores como el IPC al valor de compra de un inmueble para compararlo con el precio de venta a efectos de verificar la existencia o no de un incremento de valor y, en consecuencia, la procedencia o no de pagar el impuesto de Plusvalía Municipal. En dicha sentencia, además de dar la razón al contribuyente, se ha acordado la imposición de las costas a la Administración Pública.
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